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Los beneficios de la independencia (para algunos)

Una de las cosas más sorprendentes del "proceso" es que pese a que parece bastante claro que la secesión supondría un recorte significativo del PIB catalán, esto es, que el conjunto de los catalanes será más pobre como consecuencia de la independencia (al menos durante unos años), sigue manteniéndose la bondad de la secesión, y no solamente en el escenario de una separación pactada con España y la UE, en el que fuera posible mantener la continuidad de Cataluña dentro de la UE como nuevo Estado (algo que parece descartado a día de hoy), sino también en el caso de una declaración unilateral de independencia, lo que implicaría que Cataluña no sería parte de la UE y vería reducidas de manera significativa sus relaciones con otros Estados, lo que podría conducir a una bajada del PIB del 20%, tal como indica el estudio realizado por Credit Suisse del que da noticia el Washington Post.
Estamos hablando de una reducción del PIB catalán en caso de secesión que podría llegar a multiplicar por tres la caída del PIB que hemos sufrido en los últimos años
Ciertamente, hay estudios que reducen considerablemente la incidencia de la secesión en el PIB, llegando algunos a cifrar esa hipotética bajada en una horquilla que va del 1,1% al 5,7% del PIB, como el de la Cámara de Comercio de Barcelona; pero en cualquier caso parece que una bajada del PIB como consecuencia de la secesión está asegurada.
Es decir, la secesión supondría una pérdida de riqueza y si atendemos a los estudios realizados en el extranjero (y, por tanto, menos susceptibles de ser tildados de pretender favorecer, bien las tesis secesionistas, bien las de quienes defienden la continuidad de Cataluña en España) la reducción del PIB podría llegar a cifras realmente preocupantes. Tan solo debemos considerar que la reducción del PIB español como consecuencia de la crisis entre los años 2009 y 2014 ha sido de un 6% aproximadamente. Es decir, estamos hablando de una reducción del PIB catalán en caso de secesión que, de acuerdo con estos estudios, podría llegar a multiplicar por tres la caída del PIB que hemos sufrido en los últimos años.
Podemos preguntarnos, sin embargo, si esta reducción del PIB, que para Cataluña considerada en conjunto sería un auténtico desastre difícilmente imaginable, no pudiera implicar algún tipo de beneficio desde cierta perspectiva. Esta es la idea que pretendo ilustrar aquí. La base para ello es considerar que en la situación actual la Generalidad tan solo gestiona una parte del conjunto de impuestos recaudados en Cataluña, en concreto unos 30.000 millones de euros de un total de 60.000 millones. Conviene aclarar que los 30.000 millones (en números redondos) que administra la Generalidad no se identifican con la inversión pública en Cataluña. Aparte de la Generalidad tanto el Estado como los ayuntamientos dedican parte del dinero que se recauda en Cataluña a inversiones que directa o indirectamente redundan en beneficio de los catalanes. No estamos aquí tratando del tema de a quién beneficia el dinero público sino de quién lo gestiona. Y en relación a esto, la Generalidad actualmente solamente controla más o menos la mitad de los impuestos que se recaudan en Cataluña.
En el imaginario colectivo se ha consolidado la famosa cifra del 3% que en su día denunció Pasqual Maragall. Se trata de calcular cuánto dinero del que es gestionado por las autoridades autonómicas es "comisionable"
Este dinero que administra la Generalidad se dedica al sostenimiento de servicios públicos, construcción de infraestructuras, pago de subvenciones, mantenimiento de aparatos de propaganda, etc. Aparte de esto se viene denunciando desde hace tiempo que una parte de ese dinero público es desviado como consecuencia de la práctica de exigir ciertas comisiones a quienes pretenden contratar con la administración. En el imaginario colectivo se ha consolidado la famosa cifra del 3% que en su día denunció Pasqual Maragall. Como es sabido, en las últimas semanas las noticias sobre estas comisiones se han multiplicado, hasta llegar a dibujar un escenario de corrupción, si no generalizada, sí muy ampliamente extendida. Este escenario de corrupción permitiría analizar los beneficios de la independencia desde una perspectiva diferente, tal como veremos a continuación.
Se trata de calcular cuánto dinero del que es gestionado por las autoridades autonómicas es "comisionable". Evidentemente, no todo el dinero público puede ser objeto de comisiones. Hay partidas, como el sueldo de los funcionarios que han accedido a su puesto por medio de una oposición, en los que no hay prácticamente margen de favoritismo o chantaje. Es cierto que la política seguida en los últimos años, tendente a la privatización y desfuncionarización va reduciendo el ámbito del presupuesto inmune al cobro de comisiones; pero para no ser exagerados podemos asumir, a los meros efectos de hipótesis, que tan solo un tercio del presupuesto es "comisionable"; esto es, 10.000 millones de euros anuales. Una operación matemática muy sencilla nos indica que esos 10.000 millones generarían unas comisiones anuales de 300 millones de euros. Si esta es la cifra de beneficio anual teniendo en cuenta el marco vigente podemos ver cómo afectaría a esta partida la independencia.
Asumamos para empezar que la presión fiscal tras la independencia se mantiene en el entorno del 30% del PIB. La diferencia con la situación actual es que las autoridades del nuevo Estado controlarían directa o indirectamente el conjunto de impuestos que se recaudan en Cataluña. Con el PIB actual esos impuestos ascenderían a los 60.000 millones de euros anuales de los que antes hablaba. Ahora bien, tal como se ha indicado, la independencia implicaría inevitablemente un descenso significativo del PIB, lo que implicaría también un descenso de la recaudación (a salvo de que se subieran los impuestos, y aun así no sería claro que tal subida de los impuestos implicara un aumento de la recaudación). Asumiendo un descenso del 25% del PIB catalán éste se situaría aproximadamente en 150.000 millones de euros, con lo que la recaudación sería, manteniendo la presión fiscal actual, del orden de 45.000 millones de euros anuales.
Ante la falta de control externo no habría dificultad para subir las comisiones y, además, sin el temor de la actuación de la administración tributaria española o de tribunales que no son controlados desde Cataluña
Si solamente un tercio del presupuesto resulta "comisionable" (15.000 millones) tendríamos que con comisiones del 3% el volumen anual generado por este concepto sería de 450 millones de euros. Es decir, el beneficio de la independencia, incluso con una bajada del PIB de un 25%, sería de 150 millones de euros anuales. ¿No es maravilloso?
Claro está que la independencia aportaría otros beneficios. No existirían trabas externas para que el volumen del presupuesto que pudiera distribuirse por medio de contratos y subvenciones fuera mayor de ese tercio, y ante la falta de control externo no habría dificultad para subir las comisiones y, además, sin el temor de la actuación de la administración tributaria española o de tribunales que no son controlados desde Cataluña.
No me extraña que haya quien siga defendiendo la independencia pese a que la secesión conduzca al aislamiento y a la pobreza. Tan solo en el supuesto de que el descalabro económico supere el 50% del PIB empezaríamos a entrar en un escenario que supondría perjuicios respecto a la situación actual (un PIB de 100.000 millones en el que la recaudación por vía de impuestos sería más o menos equivalente al presupuesto que ahora mismo gestiona la Generalidad). Hasta el 50% hay mucho margen, ni siquiera las previsiones más pesimistas indican un descenso del PIB tan alto como consecuencia de la secesión; así pues, pese a lo que pueda parecer no estamos (desde la perspectiva de algunos) ante un negocio de riesgo, sino ante una operación en la que el beneficio es prácticamente seguro.
Hablando en hipótesis, claro.

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