New York Times

La instrucción (20 de octubre de 2015)

No es fácil la tarea del instructor de la causa contra Mas, Ortega y Rigau por la desobediencia a la decisión del Tribunal Constitucional que prohibía la organización y celebración de la jornada de participación ciudadana en que se había convertido el 9-N. Dejando aparte a los ciudadanos que pudieran ayudar a su realización como voluntarios, es claro que centenares de autoridades, funcionarios y otros empleados públicos colaboraron en la celebración de la jornada.
Articular jurídicamente un caso como éste, más allá incluso de las consecuencias y presiones políticas que implica, plantea dificultades considerables. Potencialmente son miles los testimonios que podrían (o deberían ser tomados) y la articulación de las imputaciones no parece tampoco sencilla.
El Ministerio Fiscal ha optado por centrar la causa en los máximos responsables políticos de la Generalitat: el presidente y la vicepresidenta del Gobierno de Cataluña en el momento de autos y la Consejera de Educación, atendiendo en este caso a la imprescindible participación de los directores de los centros educativos en los que se desarrolló la consulta.
Esta opción de dirigir la acción solamente a la cúspide de la organización podría haber sido eficaz si estos responsables políticos asumieran realmente las responsabilidades que pudieran derivarse de la desobediencia, tal como había declarado Artur Mas que haría. Parece ser, sin embargo, que esta asunción de responsabilidad no se está produciendo y se está trasladando a los voluntarios la carga de las actuaciones realizadas en torno al 9 de noviembre.
Es una estrategia que difícilmente podría librar a los responsables políticos de la carga penal que resulta de sus actos, pero que podría obligar a extender las actuaciones hacia otros funcionarios, máxime cuando están siendo señalados en varios testimonios.
Lo que se presentaba como una fiesta podría acabar convirtiéndose en una pesadilla judicial.


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