Antifascistas

Puigdemont y la lucha por los derechos civiles




¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos civiles?
En el Sur de Estados Unidos 3959 afroamericanos fueron linchados entre 1877 y 1950. Un promedio de más de cincuenta cada año; prácticamente uno cada semana. Y así durante casi 80 años.
Es difícil imaginar lo que sería una situación de sometimiento y terror como la que se deriva de este dato; una situación que se reflejaba también en la legislación. En esas décadas ominosas los Estados del Sur habían adoptado leyes que permitían separar en función de la raza. Esto afectaba a la educación, los trabajos, la utilización de los transportes públicos…
En los años 50 del siglo XX el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional) declaró que las leyes de los Estados que establecían o toleraban la segregación eran inconstitucionales. Esta declaración fue un gran triunfo del Estado de Derecho; pero su efectiva implementación no fue sencilla. En el año 1957 el Presidente Eisenhower tuvo que enviar una división aerotransportada del ejército de Estados Unidos a Arkansas para obligar a las autoridades del Estado a acatar la decisión del Tribunal Supremo que obligaba a que negros y blancos se educaran en las  mismas escuelas.
La ley es necesaria, pero no suficiente. Nada hubiera sido posible sin las asociaciones y movimientos que desde la sociedad civil decidieron plantar cara a la discriminación que padecían en sus sociedades. En contra de lo que a veces se sostiene interesadamente, estos movimientos, mayoritariamente, mostraban una gran confianza en el Derecho. No en vano, había sido el Tribunal Supremo el que había determinado que la Constitución de los Estados Unidos no permitía la discriminación que se pretendía imponer en algunos de los Estados de la Unión. La lucha por los derechos civiles fue también una lucha por el Derecho, por la plena eficacia de la Constitución frente a los racistas que pretendían sortearla o desobedecerla.
Ahora Puigdemont dice, y además lo hace en Harvard, que las demandas nacionalistas en Cataluña son equivalentes a la lucha del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos. ¿Es que sufrimos los catalanes discriminación por el hecho de serlo? ¿Es que nuestros derechos son diferentes de los del resto de españoles? ¿está limitado nuestro acceso a los cargos públicos? ¿Existen sitios reservados en los autobuses para los no catalanes o puestos de trabajo prohibidos a los catalanes?
Es tan absurdo el planteamiento que no merecería ni comentario salvo porque también es un insulto a quienes lucharon contra la lacra del racismo y a quienes aún hoy trabajan por la promoción y el respeto de los derechos humanos. A la vez, es también muestra del supremacismo que caracteriza al nacionalismo, un supremacismo que llega a ser ridículo o delirante. No solamente alardea de un pasado inventado, de unas virtudes nacionales que superan lo imaginable, de la constante lucha contra los malvados opresores… sino que, además, la causa propia se pretende emparentar con las más nobles que haya conocido la humanidad. Ahora la lucha por los derechos civiles.
La pretensión no solamente es delirante, como se acaba de señalar, sino, además,  cínica. Obvia que si hay alguien que pone en peligro actualmente los principios democráticos es el nacionalismo. Que Puigdemont declare que el soberanismo refleja la lucha por los derechos civiles el mismo día en el que los nacionalistas ocupan la sede de un partido político al grito de “la calle será siempre nuestra” es la perfecta imagen de lo que es el nacionalismo: un delirio cínico que se mueve entre el ridículo y el insulto. 

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