Castelldefels

Consecuencias (7 de noviembre de 2015)

No es probable que el desafío institucional que supondrá la aprobación en el Parlamento de Cataluña de la propuesta de resolución presentada por “Junts pel Sí” y las CUP tenga como resultado el que sería lógico desde una perspectiva formal: una vez que el Parlamento d a por cerrada de una forma expresa y solemne la etapa autonómica y renuncia a seguir ejerciendo las competencias que le otorga la Constitución y el Estatuto de Autonomía, lo coherente sería que el ordenamiento en su conjunto se diera por enterado de tal propósito y a partir de ese momento dejara de considerar a las personas que se reúnen en el Parque de la Ciudadela como un órgano constitucional susceptible de ejercer aquellas competencias a las que explícitamente renuncia.
Esta consecuencia de la declaración que se aprobará el lunes no es probable que se dé y, además, tampoco es deseable, puesto que implicaría el fin de nuestro autogobierno y privar de representación autonómica a todos los catalanes, tanto a los que han optado por la vía rupturista como a quienes mayoritariamente decidieron el 27 de septiembre apoyar opciones que no suscribían la hoja de ruta secesionista.
La tarea a la que nos enfrentamos como sociedad y como Estado es la de dar una respuesta al desafío secesionista que, manteniendo el autogobierno de Cataluña, impida que las instituciones autonómicas sean utilizadas en contra de la ley, de los ciudadanos, de la democracia y de las libertades; una respuesta que evite que la Generalitat y las entidades locales sean puestas al servicio de un propósito que es contrario a la Constitución a la vez que dejan de atender correctamente las competencias que sí tienen legalmente atribuidas.
No es un problema sencillo, pero todos los demócratas, cada uno desde su responsabilidad, debemos colaborar lealmente en su resolución.


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