martes, 10 de octubre de 2017

¿Qué ha dicho Puigdemont?



"Como presidente de la Generalitat asumo al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república. Esto es lo que hoy corresponde hacer. Por responsabilidad y por respeto. Y con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada".

Estas son la media docena de líneas que parecen tener desconcertados a políticos y opinadores. Parecen existir dudas sobre lo que hoy ha hecho Puigdemont. Se ha buscado la ambigüedad, pero eso no impide que haya algunas cosas bastante claras.

1- Se ha proclamado la independencia de Cataluña.

Es claro que ha habido una declaración de independencia, tanto por la afirmación de Puigdemont en el sentido de que "asume (...) el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república" como del hecho de que posteriormente se proceda a solicitar la suspensión de (cito textualmente) "la declaración de independencia". El propio Puigdemont da por hecha la declaración de independencia puesto que no puede suspenderse lo que no existe.

2- En ningún caso hay una suspensión de la declaración, sino, en su caso, de los efectos de la misma.

Lo que afirma Puigdemont es que se pide que se suspendan "los efectos de la declaración de independencia", no la declaración misma. La diferencia es sutil, pero relevante, porque implica que la soberanía que se pretende haber conseguido para la república catalana se mantiene, aunque no sea más que formalmente, incluso aunque se suspendan los efectos de la misma.

3- No se han suspendido los efectos de la declaración de independencia.

Puigdemont es claro: no afirma que se suspenden los efectos de la declaración , sino que propone que el Parlamento suspenda dichos efectos. Es una propuesta del Presidente y de su Gobierno que se dirige al Parlamento y que, en su caso, debería concretarse en una decisión del Parlamento de Cataluña que, a mi conocimiento, no se ha producido. Así pues, la propuesta del Presidente queda en eso, una propuesta, sin que se haya producido ninguna suspensión pues no existe acuerdo alguno en este sentido por parte del Parlamento.

Esta impresión se confirma si se tiene en cuenta que tras la conclusión del Pleno del Parlamento, los diputados independentistas han firmado un documento solemne que declara la independencia y constituida la república catalana. Además indican que se declara la entrada en vigor de la ley de transitoriedad jurídica e iniciado el proceso constituyente.



El documento es "extraparlamentario"; pero eso no le priva de significado. Recordemos que un proceso de secesión forzosamente se ha de dar un salto entre la legislación del Estado de origen y la del nuevo Estado que se pretende crear. La firma de un documento complementario de la declaración realizada en el Parlamento visualiza este salto de una forma clara.
Nada de esto se ajusta a lo que preveía la Ley del Referéndum aprobada el 6 de septiembre y posteriormente suspendida por el Tribunal Constitucional; pero es que este ajustarse a la ley es secundario en un proceso de secesión que, por definición, se basa en el hecho y no en el derecho. Lo que cuenta es la voluntad manifestada por quienes pretenden crear un nuevo Estado sobre el territorio de Cataluña. Esa voluntad, su concreción y la forma en que se convierte en eficaz es lo que resulta relevante.

En resumen, se confirma que la Generalitat ha dado el paso final para la confrontación con el Estado. El hecho de que se haya planteado una suspensión de la declaración de independencia (que no se ha concretado) no limita la gravedad del desafío, que exigirá la respuesta de las instituciones del Estado.
Ni que decir tiene que todo esto que está pasando tiene (o puede tener) también una traducción penal; pero de eso se tienen que ocupar los jueces y la policía.

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