Un libro

miércoles, 19 de julio de 2017

Acoso


(¡¡ATENCIÓN!!! La convocatoria no es a las 18:30, sino a las 19:30)


La semana pasada escribía sobre la situación de la educación en Cataluña a raíz del caso de Castelldefels. Explicaba cómo el sistema de inmersión había sido declarado ilegal, habiendo establecido los tribunales que al menos un 25% de las clases deberían impartirse en castellano. Explicaba también que la Generalitat no ha acatado estas decisiones judiciales y el Gobierno español tampoco ha hecho nada para reconducir la situación a la legalidad. Como resultado son las familias las que han tenido que asumir sobre sus espaldas el restablecimiento del Estado de Derecho en una materia tan sensible como es ésta. Son las familias, una a una, las que han de solicitar a la Generalitat el cumplimiento de la ley y, dado que ante esta petición la Generalitat da la callada por respuesta, acudir a los tribunales con el fin de que sea una decisión judicial la que imponga ese cumplimiento de la ley. Inaudito, pero es lo que hay y lo que habrá mientras no cambie el gobierno de la Generalitat o el gobierno de España.
En un colegio de Castelldefels un grupo inicial de 90 familias pidieron que se incrementaran las horas de castellano en la escuela. Pedían lo que por ley era obligado, tal como acabamos de ver. Ante la negativa de la escuela no tuvieron más remedio que plantear acciones judiciales. Evidentemente, ya un número menor de familias. Esta es la forma de actuar de la Generalitat: se ponen obstáculos a quien solicita el cumplimiento de la ley esperando que se desanimen y, así, al final puedan repetir aquello de que son solamente un puñado de familias las que discrepan del modelo de inmersión.
La cosa, sin embargo, no acaba ahí. En los casos en los que se solicita el cumplimiento de la ley se activa un "protocolo de acoso" sobre las familias que incluye diversas fases. Este jueves, en el Ayuntamiento de Castelldefels, asistiremos a una de las fases de este acoso: la aprobación de mociones de apoyo a la comunidad educativa. Aquí está el texto de la moción que se votará mañana en el ayuntamiento de Castelldefels:



No falta la tópica referencia a que el modelo de inmersión es un éxito y a que garantiza la igualdad de oportunidades. Falsedades que han estado ya suficientemente desmentidas y en las que aquí no voy a entrar (me remito a esta otra entrada).
Y no entro porque aquí ya no estamos hablando de la inmersión desde una perspectiva pedagógica; sino de los derechos de las familias. Estamos hablando de que hay un modelo educativo legal y uno ilegal, y que quienes han tenido que acudir a los tribunales para conseguir que se declare el derecho de que sus hijos reciban la educación en el modelo legal ahora se ven sometidos a la presión política de quienes utilizan la escuela como herramienta nacionalista.
Hablemos claro: se acusa a quienes solicitan que se aplique el modelo educativo legal de politizar la enseñanza; pero aquí los únicos que politizan son quienes:
1) Establecen un modelo de enseñanza que solamente se explica y justifica desde la perspectiva nacionalista. Ninguna razón pedagógica apoya un modelo que excluye completamente como lengua vehicular la materna de más de la mitad de la población. No pasa en ningún país de Europa. Y fuera de Europa el único ejemplo que se encuentra es Groenlandia.
2) Se niegan por razones políticas a hacer lo natural en un Estado de Derecho: una vez que los tribunales han establecido algo ajustar su comportamiento a lo establecido en los tribunales.
3) Cuando las familias, desamparadas tanto por la Generalitat como por el Gobierno español, acuden individualmente a los tribunales para solicitar el cumplimiento de la ley las someten a un protocolo de acoso que incluye la aprobación de mociones como ésta que aquí recojo.
Fijémonos que la moción dice que supone un apoyo a la comunidad educativa. ¿No forman parte de la comunidad educativa las familias que han conseguido que se imparta un 25% de la educación en castellano?
Es una vergüenza y que el PSC apoye este esperpento es más que lamentable. Como digo, desde una perspectiva nacionalista la inmersión es perfectamente entendible. Se trata de construir una nación sobre la base de la lengua y para ello se necesita la expulsión del castellano, que es el fin último de la política nacionalista de la que la inmersión es un elemento más. En este entramado ¿qué pinta el PSC?
Por todo lo anterior, es conveniente que volvamos a dar nuestro apoyo a las familias y rechacemos la politización de la educación de nuestros hijos que practican quienes la ven tan solo como un instrumento nacionalizador, como un elemento más en el proceso de catalanización de la sociedad (vean el segundo 52 del vídeo que incluye esta noticia).

domingo, 16 de julio de 2017

Trabajadores pobres y otros problemas que no pueden esperar

Leo esta noticia que es realmente preocupante. En España más de un 13% de los trabajadores son pobres o están en riesgo de pobreza. Es el tercer peor resultado de la UE, tan solo por delante de Grecia y Rumanía.
Este es un problema del que se viene alertando desde hace tiempo. Hace unas décadas parecería imposible que un trabajador fuera pobre o estuviera en riesgo de pobreza. Esa situación, la de pobreza, se vinculaba con quienes no podían acceder al mercado laboral; pero quien estaba ya incorporado al mismo disponía, por lo general, de niveles de salario y condiciones laborales que le alejaban de las situaciones de necesidad. Eso ahora ha cambiado. Es posible que quien trabaje lo haga en condiciones tales que su esfuerzo no sea suficiente para sacarle de la pobreza. ¿Cómo es esto posible?
Es posible porque en el último lustro la política española se ha dirigido a hacer disminuir el desempleo y favorecer el crecimiento económico; no es ningún secreto. A este fin se orientó la reforma laboral del año 2012 y no a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Y tal como era de esperar, tuvo éxito en lo que se refiere a los beneficios de las empresas; pero no permitió que el crecimiento económico se trasladara a los salarios. De hecho, la participación de los salarios en la renta nacional ha disminuido en casi un 3% desde el comienzo de la crisis; aunque, seguramente, este dato, que tiene en cuenta todos los salarios, no da cuenta de la realidad de tantos empleos en los que la bajada salarial y el empeoramiento de las condiciones laborales ha sido muy significativo. No es por asustar, pero me parece que todo indica que ese empobrecimiento de los trabajadores, que ha empezado por los salarios más bajos, irá extendiéndose a toda la sociedad. Es un problema que, además, no creo que se vaya a limitar a España, sino que más tarde o más temprano llegará a todo el mundo. En Estados Unidos, también hay trabajadores pobres.



Por desgracia, las locuras separatistas y la mediocridad de nuestra política nos impiden abordar de forma directa y ambiciosa el problema de las profundas grietas que se están abriendo en nuestra sociedad y que en otros países son objeto de atención, estudio y análisis (aunque, todo hay que reconocerlo, sin que avancen excesivamente las propuestas de actuación).
Asistimos a los albores de una nueva sociedad, una nueva sociedad en la que, reducidos los corsés nacionales, las relaciones económicas y productivas se desenvolverán en un escenario liberado de la regulación estatal. O, por mejor decir, la regulación estatal tenderá a simplemente acompasar y ratificar las tendencias que va imponiendo la lógica de los mercados (la reforma laboral de España en 2012, ya mencionada, creo que es un buen ejemplo).
Es un mundo nuevo, en el que el poder público retrocede y en el que la depauperación de los trabajadores se irá haciendo más intensa. Las grandes compañías tenderán a desplazar a las pequeñas empresas o les impondrán como suministradores condiciones cada vez más onerosas. El mercado se convertirá en más "injusto", si por injusto entendemos un flujo cada vez más intenso de beneficios a la cúpula de dicho mercado (grandes fondos de inversión, grandes fortunas) a costa de una retribución cada vez más reducida del trabajo y de la iniciativa personal.
Este es el mundo al que nos enfrentamos, y en el que este profundo desajuste económico provocará turbulencias políticas. ¿No es evidente la relación entre la crisis económica en España, acentuada a partir de 2010 y el movimiento separatista catalán? Esta situación de incertidumbre ¿es ajena a los movimientos populistas y antieuropeos que, de momento, ya han conseguido que el RU abandone la UE? Las tubulencias en la política norteamericana, que han llevado a la presidencia a un personaje como Trump ¿son ajenas a la sensación de desamparo económico que se deriva de la penetración de las consecuencias de la globalización en las clases medias americanas?



Es hora de que estas cuestiones se coloquen en el centro del debate político, y para ello debemos plantearlas de frente. Es necesario asumir que es precisa una cierta regulación de la globalización que imponga condiciones mínimas laborales a los productos que pretendan entrar en el circuito comercial mundial. Sin esas condiciones mínimas la "race to the bottom" en las condiciones de los trabajadores no tendrá fin.
Evidentemente es preciso un poder que tenga esta capacidad de regulación. En este sentido, la UE tiene capacidad para sentarse con los otros grandes poderes económicos del Planeta (Estados Unidos, Rusia, China, la India y Japón) y fijar estas condiciones mínimas que evitarían esa carrera hacia abajo desbocada que nos está llevando a salarios mínimos, estabilidad laboral inexistente, jornadas injustificadamente largas, contratos por horas, pero con plena disponibilidad, etc.



Aparte de esto es necesario garantizar que todas las personas dispondrán de los mínimos recursos para sobrevivir. Durante décadas se trasladó a las personas la responsabilidad por no encontrar trabajo o no encontrar trabajo de calidad: si no trabajas es porque eres un vago o no estás suficientemente formado. Si te formas tendrá empleo de calidad, etc. Bien, asumamos ya que esto no es así. Personas perfectamente formadas no encuentran trabajo, o el que encuentran es de baja calidad. El otro día me explicaban lo que cobraba un médico interno residente: en torno a los 1500 euros mensuales ¿es que no se ha formado suficientemente? ¿cómo es que su salario apenas llega al 60% de la renta per cápita?
Ante esta situación hay que actuar en dos frentes: garantizar unos ingresos mínimos universales que, creo, deberían fijarse en un 20% de la renta per cápita y, por otra parte, garantizar unos servicios públicos de calidad.
Ambas cosas precisan de una capacidad de recaudación fiscal que ahora se ve seriamente perjudicada por las circunstancias que veíamos antes: las rentas del trabajo, que se constituyeron en la espina dorsal de la recaudación fiscal durante décadas, ahora son un caladero escaso como consecuencia de la disminución de los salarios. Los beneficios empresariales, por su parte, se benefician de estrategias de planificación fiscal -favorecidas por la globalización y la integración regional- que impiden una imposición sobre la actividad empresarial acorde con las necesidades del sector público.
Es preciso un acuerdo internacional entre los mismos actores que veíamos antes a fin de eliminar los paraísos fiscales y potenciar la cooperación internacional en materia fiscal. A nivel de la UE es necesaria la unificación (y digo "unificación", no "armonización") de la tributación de las sociedades. ¿Ambicioso? Sí, claro; pero es que primero debemos creer que es posible, y la UE es una democracia. Si lo creemos todos a la vez, se hará.



El objetivo, hablemos claro, es una adecuada distribución de la riqueza. Un 20% de la misma debería ir a garantizar ese ingreso individual mínimo (renta básica universal), necesaria en un escenario en el que es iluso pensar que todos conseguirán por medio del trabajo esos niveles mínimos de ingresos. Otro 20% iría a sufragar servicios públicos de calidad (sanidad, educación) y el 5% restante al resto de gasto público (infraestructuras, seguridad, defensa...).
No es ninguna locura. Ya actualmente el gasto público en los países europeos se mueve en torno a ese 45% (España, 42%; Alemania, 44%; Italia, 49%; Francia, 56%; RU, 42%...). Se trata, como casi todo, de organización, cooperación y convicción.



viernes, 14 de julio de 2017

Castelldefels

Ayer asistí al acto de apoyo a las familias que en Castelldefels han pedido la educación en catalán y en castellano.
Fue un acto emotivo, donde se pretendía mostrar que estas familias no están solas, que su causa es justa y, además, necesaria.
Mientras oía las intervenciones no podía dejar de pensar en que lo que allí estábamos viviendo era una perfecta muestra de la anomalía democrática en que vive Cataluña. Intentaré explicarme y para ello tengo que repasar brevemente el origen de la reclamación de estas familias.



1) España es un Estado en el que las competencias en materia de educación se reparten entre las Comunidades Autónomas y el Estado central. Las Comunidades Autónomas tienen unas amplísimas competencias que incluyen la organización concreta de los estudios y la gestión del personal y de los centros; pero los principios básicos del sistema educativo están regulados en la Constitución y en una Ley Orgánica estatal.
2) En Cataluña se ha utilizado la competencia autonómica para imponer una educación monolingüe en catalán. Las razones para ello son puramente nacionalistas, tal como veremos enseguida; pero ahora no incidiremos en ello para reparar en una circunstancia que es bastante relevante: los tribunales han establecido que este sistema monolingüe en catalán no es constitucionalmente admisible. Es decir, es un sistema ilegal. Lo que han establecido los tribunales es que no es posible que el castellano sea únicamente una asignatura, como el inglés, sino que tiene que tener el carácter de lengua vehicular junto con el catalán. Puede haber una proporción mayor de enseñanza en catalán que en castellano, pero ha de haber enseñanza en castellano (no solamente "del" castellano).
3) Ante la constatación de que el sistema de enseñanza que se sigue en las escuelas catalanas es ilegal lo que hubiera debido pasar es que la Generalitat hubiera dado instrucciones a través del Departamento de Educación para modificar lo que se conoce como "proyecto lingüístico" de las escuelas a fin de que en todas y cada una de las escuelas de Cataluña dicho proyecto se ajustara a la ley e incluyera una parte de la docencia en castellano. Parte de la docencia en castellano que puede limitarse a una asignatura.
4) Ante la pasividad de la Generalitat, hubiera debido ser el Estado quien actuara para conseguir que el sistema educativo catalán se adaptara a la legalidad. Como el Estado tampoco ha hecho nada son las familias las que han tenido que asumir la carga de obligar a la Generalitat al cumplimiento de la ley.
Fijémonos en lo que acabo de explicar: el sistema educativo en Cataluña es ilegal. Esto es un hecho constatado por los tribunales. Ni la Generalitat ni el Estado hacen nada para devolver la legalidad al sistema educativo y han de ser los ciudadanos quienes exijan ese cumplimiento de la legalidad. Un reflejo de lo que, por desgracia, es España.
5) Cuando una familia quiere que en su colegio se aplique la ley ha de solicitarlo ante los tribunales y enfrentarse a la Generalitat. La Generalitat pierde todos estos juicios porque, como digo, es claro que está incurriendo en una ilegalidad, pero aún así hace pasar a todas y cada una de las familias por el peaje de un proceso para conseguir que se aplique la ley.
6) El peaje de la familia no es solamente el de tener que afrontar una proceso contra la administración, sino que ante cada nueva petición se pone en marcha un protocolo de acoso en el que participan las autoridades educativas, los partidos políticos y las instituciones. Tenemos ejemplos de ello en Mataró y en Balaguer. Aquí nos encontramos ya ante una anormalidad que no solamente afecta al Estado de Derecho como valor abstracto, sino a los derechos de las personas. Hay que decir que la indiferencia de la sociedad y de muchos partidos políticos ante estos acosos es escalofriante. Otra muestra de lo que es España.
7) Como lo que las familias piden es que se cumpla la ley, que establece la necesidad de que todos los alumnos catalanes reciban una parte de su educación en castellano, cuando una familia lo pide su recurso beneficia a todo el grupo en el que se integra el alumno. Este resultado es presentado como un perjuicio por el nacionalismo. Se argumenta que si alguien quiere hacer una parte de su educación en castellano (un 25% en concreto) ¿por qué ha de obligar a toda la clase a hacerlo igualmente? Esta pregunta muestra que o no se ha entendido lo que he explicado anteriormente o, más probablemente, sí se ha entendido, pero se pretende tergiversar para hacer demagogia.
No se trata de un derecho de opción de los padres a que sus hijos tengan parte de su educación en castellano. Es una obligación de la Generalitat para todos los alumnos. Lo que sucede es que como la Generalitat no cumple con la ley y el Estado no le hace cumplir son las familias quienes lo exigen y eso hace aparentar que estamos ante un derecho de opción cuando, repito, no hay ningún derecho de opción; se trata simplemente de hacer cumplir la ley que establece la necesidad de que todos los alumnos en Cataluña reciban una parte de su educación en castellano.
8) Dado todo lo que hemos visto, es evidente que resulta mucho más duro que la petición del cumplimiento de la ley se haga por una familia aislada que por un grupo de familias. En Castelldefels es lo que sucedió. No se trató de una petición aislada, sino de un grupo de familias. Inicialmente hasta 90 familias pidieron que el castellano se incluyera en el proyecto lingüístico de la escuela. Con frecuencia los nacionalistas explican que son una minoría los padres que piden la introducción del castellano en la educación. La realidad es que la Generalitat ni pregunta cuántos son ni facilita de ninguna manera que se haga esta solicitud (al revés). Los datos de las encuestas indican que son una amplia mayoría los padres que prefieren una enseñanza bilingüe o trilingüe a una enseñanza monolingüe en catalán, pero los mantras nacionalistas pretenden ocultarlo.
Como consecuencia de todo lo anterior, en Cataluña tenemos un sistema educativo que es único en el mundo (aparte de Groenlandia) en la que se excluye como lengua vehicular una oficial que, además es la materna de más del 55% de la población. Esta desatención a la lengua materna de la mayoría de los catalanes tiene consecuencias en los resultados académicos, que son mediocres y, además, perjudica a quienes tienen el castellano como lengua materna, ya que los resultados académicos de los castellanohablantes son peores que los de los catalanohablantes; como, por otra parte, era de esperar porque nadie niega que estudiar en la lengua materna es una ventaja para la asimilación de contenidos.
El sistema denominado de inmersión no tiene ningún fundamento pedagógico, sino únicamente nacionalista: la pretensión de construir una sociedad vertebrada alrededor del catalán como idioma, lo que supone, necesariamente, la minorización del castellano. Es por eso que la lucha porque el castellano esté presente en la educación no es solamente una exigencia legal, sino que tiene también un componente político -y es bueno explicarlo-, el de impedir que la escuela sea utilizada como un instrumento más del nacionalismo supremacista. La educación monolingüe en catalán tiene, al igual que la enseñanza de una falsa historia que refuerza los mitos nacionalistas un claro componente político y, por tanto, aparte de las razones pedagógicas, también existen razones políticas para impedir esta usurpación de la escuela por los nacionalistas.
Y todo esto lo están defendiendo las familias que piden la enseñanza en catalán y en español, personas como Ana Losada o Pepe Domingo, de la AEB, Mercè Vilarrubias o Carlos Silva. Son ellos quienes están dando una batalla en la que no quiere comparecer el Gobierno de España y en la que no pocos se ponen de perfil.
Esto es España.

lunes, 10 de julio de 2017

Nacionalismo, democracia y referéndum

Cuando se habla del adoctrinamiento nacionalista en la escuela catalana a veces la réplica es que de haber realmente dicho adoctrinamiento los catalanes a favor de la independencia serían muchos más de los que son.
De que existe adoctrinamiento, por desgracia, no hay excesivas dudas. Dejo un vídeo que recoge algunos ejemplos, pero hay más evidencias (algunas pueden consultarse en los dos informes sobre déficits de calidad democrática elaborados por Societat Civil Catalana y que pueden consultarse aquí y aquí).


Y a la observación de que cómo es posible que con dicho adoctrinamiento los independentistas no sean mayoría la respuesta es que la tarea nacionalista de reconstrucción de la realidad no se aprecia tanto en el 35, 40 o 45 por ciento de los catalanes que se consideran independentistas, como en el número significativamente mayor que considera que los catalanes podríamos decidir autónomamente constituirnos o no en un Estado independiente. Esto es, por la asunción mayoritaria del denominado "derecho a decidir", que no es otra cosa que el "derecho a la autodeterminación".
Quienes se manifiestan partidarios de este derecho a la autodeterminación asumen que la comunidad política de referencia para todos nosotros es Cataluña y que nuestra participación en otros proyectos políticos (España, la Unión Europea) es circunstancial y, además, decidida por el conjunto de quienes residimos en Cataluña. Es decir, seremos el conjunto de los catalanes los que determinaríamos si nos integramos (o no) en España o si participamos (o no) en el proyecto europeo. Lógicamente, como en toda decisión de este tipo habrá quien esté a favor y quien esté en contra, y según cómo se configure el grupo que decide, el resultado será uno u otro. Para quienes se adscriben al mal denominado "derecho a decidir" ese grupo lo constituyen necesariamente los catalanes, y no los españoles, el conjunto de los europeos, los habitantes de la ciudad de Barcelona o los de la Tabarnia que ahora se pretende crear.
Evidentemente la delimitación del grupo que ha de adoptar una decisión colectiva es determinante; y en el caso de que esa decisión sea la de constituirse en un Estado soberano, más. Si se asume que ese grupo está formado por los catalanes, inevitablemente se está negando que otro grupo diferente, en el que podrían estar integrados también los catalanes, pueda adoptar tal decisión. Todos podemos participar en varios grupos políticos, pero soberano solamente puede ser uno, por eso es tan importante la definición del mismo. Que una mayoría de catalanes asuman que tal grupo es el constituido por el conjunto de los catalanes y no por el conjunto de los españoles es una victoria innegable del nacionalismo catalán y de su eficaz distorsión de la realidad.



Es una distorsión de la realidad porque ahora no es así. El derecho de autodeterminación, la capacidad de actuar como un sujeto político soberano corresponde, de hecho, ahora al conjunto de los españoles, que somos quienes nos hemos dotado de una Constitución, somos un Estado reconocido internacionalmente y que como tal Estado participa en la Unión Europea. Los catalanes constituimos una comunidad política en tanto en cuanto así se establece en la Constitución española y en una Ley española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Desde un punto de vista internacional, y por mucho que mientan los nacionalistas, tampoco existe reconocimiento político alguno de Cataluña como una comunidad con capacidad de convertirse en una entidad soberana (y que, por tanto, pueda acceder al derecho de autodeterminación). De hecho los catalanes somos un grupo más dentro de un Estado nacional, como pueden serlo los bávaros en Alemania, los bretones en Francia o los habitantes de Florida en Estados Unidos. El pretender que esto, ahora mismo, es de otra forma no entra dentro del debate político, sino del psiquiátrico. Sin embargo, el éxito del nacionalismo es que, de hecho, no pocos dediquen esfuerzos a discutir sobre este extremo. Lo mismo que si lo hiciéramos sobre si la Tierra es redonda o cuadrada.
Otra cosa es que se plantee como una propuesta política. Como es sabido, la Constitución española permite una reforma total de la misma, y, por tanto, también la división de la soberanía, siempre que se haga de acuerdo con los procedimientos establecidos. Ahora bien, sería conveniente realizar dos puntualizaciones.
La primera es que quien puede adoptar la decisión de fraccionar la soberanía es el conjunto de los españoles. Cambiar la situación actual y modificar el sujeto político en el sentido de que las decisiones sobre las fronteras de España ya no sean adoptadas por todos los españoles, sino por una parte de los mismos requiere el acuerdo de todos los titulares de la soberanía.
La segunda puntualización es que una modificación como ésta no es neutra respecto a España. Si el sujeto político soberano es Cataluña, España deja de serlo. Si los catalanes tenemos la capacidad para decidir constituirnos en Estado con independencia del resto de los españoles la naturaleza de España cambia; y eso aunque la decisión sea la de continuar formando parte de España; pero en ese caso ya no lo haríamos como individuos en plano de igualdad con el resto de los españoles; sino que lo haríamos tan solo como catalanes y sobre la base de que la mayoría de los catalanes lo deciden. España habría dejado de ser una nación en el sentido político para convertirse en una especie de confederación, una reunión de territorios en los que los habitantes de cada uno de ellos tan solo se relacionan con los habitantes de los otros territorios a través de la entidad política en la que se integran.
Este sería el resultado de aceptar el denominado "derecho a decidir". No se trata de una opción entre seguir como hasta ahora o la independencia, sino que asumir el referéndum implica, ya en sí, una alteración esencial de la configuración de España. Es por eso que resulta ten enormemente tramposo pretender que el referéndum solamente es una manifestación de la democracia. Al contrario, el referéndum supone, ya en sí, la destrucción del sistema político vigente y su sustitución por el que pretenden los nacionalistas, uno en el que la comunidad política de referencia sea la catalana.



¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Evidentemente por una tarea de décadas en la que los nacionalistas han encontrado aliados que podrían parecer inesperados. La base para esta tarea es la de romper los vínculos simbólicos y sentimentales con el resto de España y acentuar los que se refieren a Cataluña. Me ocupaba de esto hace unos meses y pediría que se reparara, por ejemplo, en las razones que explican la retirada de las banderas españolas de todos los lugares en los que es posible esta retirada y, a la vez, ya no la presencia de esteladas, sino, en ocasiones de banderas de Cataluña aisladas, que refuerzan el mensaje de que nuestra comunidad política es Cataluña, que es en ella donde nos realizamos como individuos y que es con el conjunto de los catalanes que decidimos en qué proyectos políticos más amplios nos integramos (España, la Unión Europea). Alguna de las manifestaciones del federalismo apuntan en esta línea, una línea, que como digo, no es compatible con la Constitución actual ni con el mantenimiento de España como nación (política).



La consecuencia de esta tarea incansable de décadas es la construcción de un imaginario en el que se presenta como natural que seamos los catalanes quienes decidamos nuestro futuro político con total autonomía, sin reparar que esta asunción implica dar por buena precisamente la construcción nacionalista según la cual Cataluña es una entidad separada de España. Ahora se ven los resultados de tanta insistencia en decir "Estado español" en vez de "España"; de minimizar las referencias a los elementos que nos conectan con el resto de los españoles y a presentar una historia falsa que pretende que desde sus orígenes Cataluña fue una entidad separada de España. La proscripción oficial del castellano contribuye también a la construcción de esta identidad que, como digo, en algunos no se traduce en independentismo; pero sí en la interiorización de que el grupo político al que pertenece es el de los catalanes, no el de los españoles.
Por eso el cuestionamiento del referéndum tiene que hacerse afirmando la realidad y bondad ya no de que Cataluña sea parte de España, sino que los catalanes reivindiquemos nuestra condición de españoles en plano de igualdad con el resto de nuestros compatriotas. Desde esta participación en pie de igualdad se construyó la Cataluña rica del siglo XIX y durante el siglo XX los catalanes sufrieron al igual que el resto de los españoles el desastre de la Guerra y de la Postguerra; y con todos los españoles hicieron posible la Transición y la incorporación de España a la UE. Es esto lo que se cuestiona ahora ya no con la propuesta de independencia, sino con la de referéndum.
Sorprende que esta perspectiva se tenga tan poco en cuenta cuando se trata del referéndum de secesión. Con frecuencia se critica por su falta de garantías democráticas o se defiende como un ejercicio democrático. El que tenga o no garantías no altera que supone, como digo, la quiebra de la comunidad política en la que ahora participamos; y además sin dar voz al 84% de los integrantes de dicha comunidad política, el resto de los españoles.
No, el referéndum no es un ejercicio de democracia, tan solo es un ejercicio de nacionalismo, un paso más en la laboriosa tarea de ingeniería social y política que pretende construir un Estado en el territorio de Cataluña. Por eso querer defenderlo desde planteamientos democráticos es tan solo una muestra de ignorancia o de cinismo.

viernes, 7 de julio de 2017

Matices esenciales (carta a la Vicepresidenta)

Leía el otro día en un titular que la Vicepresidenta del Gobierno, tras la presentación del propuesta de ley para el referéndum en Cataluña, había declarado que el Gobierno podía paralizar el referéndum en 24 horas.



Me sorprendió bastante; pero cuando leí el contenido de la noticia vi que no era eso lo que había dicho, sino que al Gobierno le bastaban 24 horas para paralizar "la ley del referéndum" (no el referéndum) o, según otros, que al Gobierno le bastaban 24 horas "para recurrir la ley del referéndum" (no propiamente para suspenderla).



No es lo mismo una cosa que otra, y los matices son importantes; sobre todo porque dan cuenta de cuál ha sido la actitud del Gobierno hasta ahora frente al desafío secesionista y, por tanto, permiten adivinar cuál será esa actitud en el futuro.
Como hemos visto, no se trata, en las palabras de la Vicepresidenta, de impedir el referéndum, sino de suspender la ley del referéndum o de recurrir la ley del referéndum. No se trata de impedir que se coloquen urnas o se llame a los ciudadanos a votar, sino de obtener una declaración por parte de un órgano jurisdiccional (el Tribunal Constitucional, por ejemplo) que establezca que eso que se está haciendo es contrario a Derecho. En el fondo una declaración de inconstitucionalidad, como tantas que ya se han dictado en el marco del proceso separatista, no es más que la confirmación por un tribunal de que algo es antijurídico.
Hasta ahora el gobierno se ha mostrado bastante eficaz en la consecución de este tipo de declaraciones. La Vicepresidenta viene de la Abogacía del Estado, y por tanto, a lo largo de su vida profesional habrá obtenido muchas sentencias favorables de los juzgados. Me la imagino satisfecha con la sentencia en la mano, el documento que prueba que sus argumentos fueron mejores y que en esa lucha incruenta que es un juicio supo jugar mejor las cartas que su contrario.
Hasta ahora en el caso catalán está consiguiendo los mismos éxitos. Los recursos que interpone el Gobierno son indefectiblemente ganados; creo que no ha perdido ni uno. Bien es verdad que, al igual que hacen algunos abogados, tiene cierto prurito a no encontrarse con una sentencia en contra y tan solo recurre "sobre seguro". Basta la más mínima duda para que la Abogacía del Estado, que dirige en última instancia la Vicepresidenta, se eche para atrás. No fue la Abogacía del Estado la que consiguió que se declarara que no es legal la utilización de las esteladas por parte de las administraciones públicas, sino que fueron abogados particulares que desinteresadamente pusieron su trabajo al servicio de este propósito y contando con el apoyo de Societat Civil Catalana. Igual que han sido abogados particulares los que consiguieron que se declarara que la adscripción de los colegios profesionales al pacto por el derecho a decidir era contrario a derecho o que los acuerdos municipales de adscripción a la AMI eran nulos. Llama la atención que todas estas causas hubieran sido dejadas de lado por la Abogacía del Estado y por la Fiscalía; pero ya digo que me casa con esta actitud conservadora según la cual solamente hay que acudir a los tribunales cuando tienes muy claro que vas a ganar. No vaya a ser que tu "rating" de victorias/derrotas se estropee.
Ahora bien, incluso con esta salvedad puede concederse que el Gobierno ha conseguido que el Tribunal Constitucional haya declarado que todo lo que está haciendo la Generalitat y el Parlamento de Cataluña es contrario a derecho (¿de verdad que había alguna duda sobre ello?); pero, a partir de eso ¿qué? El mundo real va un poco más allá de los límites del papel timbrado en que están escritas las sentencias. Es necesario que lo que en ellas se pone sea cumplido, obedecido, ejecutado; porque de no conseguir el papel acaba siendo tan solo papel mojado.



Esto ya es harina de otro costal. Ejecutar las sentencias. ¡Uf! Complicado. Quizás en su época como Abogada del Estado la Vicepresidente estaba acostumbrada a que lo más difícil concluyera con la sentencia. Quizás las sentencias se cumplían voluntariamente o simplemente se pasaban a otro departamento que era el encargado de conseguir la ejecución. Ahora, sin embargo, nos encontramos con que no hay ese otro departamento encargado de la ejecución y tras obtener estas maravillosas sentencias que declaran ¡oh sorpresa! que lo que hace la Generalitat es inconstitucional, algo hay que inventarse para conseguir su cumplimiento.
O no, creo que todos recordamos cómo unos días después del 9-N Rajoy nos informaba de que no había habido ningún referéndum. Ok, lo entiendo. Seguramente quería decir que lo perpetrado por la Generalitat el 9 de noviembre era ilegal y, por tanto, "no válido", o sea inexistente. Bien, para un leguleyo tiene un pase; pero coincidamos en que no deberíamos conformarnos con que el referéndum fuera "inexistente" en el mundo de lo jurídico, sino que fuera también "inexistente" en el mundo real. El Derecho tiene que tener vocación de convertirse en realidad, porque de otra forma es un mero formalismo que en nada se diferenciaría de un video juego.
Y esto es importante por dos cosas. La primera tiene también su lado jurídico, pero en una vertiente que, quizás, se toca poco en el temario para Abogado del Estado. Me refiero al Derecho internacional, que es el escenario en el que se juega esta partida. En ese ámbito internacional el hecho acaba siendo Derecho. Es decir, por mucho que Rajoy diga que el 9-N no hubo ningún referéndum y que lo repita en relación al 1-O, si realmente lo hubo al margen de la legalidad española, pero de acuerdo con la legalidad secesionista, al final la conclusión a la que llegará el Derecho internacional es que el ordenamiento realmente eficaz en Cataluña es el nacionalista y no el español, y eso querrá decir que Cataluña es un nuevo Estado y ya no parte de España. Jugar con el formalismo y conformarse con las declaraciones de inconstitucionalidad tiene, como digo, un pase desde la perspectiva del Derecho interno, pero no desde la del Derecho internacional.
Lo segundo que quería destacar es que este no es un juego de argumentos jurídicos, sino de personas y derechos. Hace años que los catalanes tenemos reconocido el derecho de que un 25% de la enseñanza sea en castellano, pero como sabemos, en la realidad eso no es así y hemos de asistir a la vergüenza que sean las familias las que una a una vayan intentando derribar ese enorme muro de injusticia que es la inmersión, con el resultado de que estas familias son sometidas a acosos que acaban en ocasiones con los niños fuera del colegio en el que estaban estudiando.


¿Le explicará la señora Vicepresidenta a esta madre que la sentencia le da la razón y que tiene el derecho a que sus hijos reciban parte de la enseñanza en su lengua materna? ¿Le añadirá entonces las razones que impiden que el Estado le garantice este Derecho?

Hemos obtenido sentencias que nos dicen que las esteladas no pueden ondear en espacios de titularidad pública, pero siguen ondeando. ¿Le explicará la Vicepresidenta a los ciudadanos que han de pasar cada día ante esos símbolos de supremacismo y de falta de neutralidad de las instituciones las razones para que el Estado no actúe pese a que ya hay sentencias que reconocen que esas esteladas ahí no pueden ondear?



Se adoctrina a nuestros hijos en las escuelas. Sabemos que eso no es legal, pero ¿se hará algo para cambiarlo?
Sra. Vicepresidenta, no basta con que los tribunales declaren que algo no es legal, es preciso que esa sentencia se convierta en realidad, y en cinco años, va para seis de gobierno del PP, se han conseguido muchas sentencias, pero en Cataluña no ha cambiado prácticamente nada, y lo poco que ha cambiado (la retirada de la estelada de Sant Cugat, por ejemplo) no ha sido por la acción del gobierno, sino de los ciudadanos.
Me gustaría que la próxima vez que le pongan un micrófono delante no nos diga que recurrirá la ley del reférendum (lo doy por sentado) sino que lamenta que en Cataluña vivamos al margen de la legalidad constitucional y que empeña su palabra en conseguir la devolución real, no meramente en el papel timbrado, del Estado de Derecho a nuestra querida tierra.
Me gustaría.